LAS DESIGUALDADES EN ESPAÑA

       Mientras Teresa Romero lucha contra el virus del ébola y 13 personas más permanecen hospitalizadas por precaución ante la posibilidad de contraer la enfermedad, y Artur Mas le da vueltas a cómo celebrar el referéndum prometido a los catalanes, aparecen noticias que aún siendo graves, pasan  desapercibidas. Me refiero a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y conocida hace unos días. En la misma se observan las enormes desigualdades existentes en nuestro país en cuento a la renta de las personas. En 2013, el presupuesto de gastos medio en España por persona fue de 10.695 euros, pero como en el ejemplo del pollo, y tomando como referencia la Comunidad Autónoma donde residiesen estas personas, unos españoles disponían por encima de 13.000 euros, y otros llegaban a duras penas a 8.000. En el primer caso se sitúan los que viven en País Vasco, Navarra y Cataluña, y en el segundo los que lo hacen en Canarias, Extremadura y Andalucía.

          Lo de siempre, vamos. Pero no por estar ya acostumbrados a esas cifras, debemos permanecer impasibles ante  ellas, sobre todo los que vivimos en la España con menos renta y menos recursos. Hemos no de criticar a los que disponen de más renta, sino a los que hacen posible que andaluces, extremeños y canarios tengan menos. A esos gobiernos centrales que han invertido más y mejor en unos territorios que en otros, incumpliendo sistemáticamente las promesas de trabajar por la igualdad de los españoles. Los que decían que era una situación sobrevenida por culpa de la dictadura, se ha convertido en una situación estructural cuarenta años después de morir el dictador. El caso de Canarias puede tener cierta explicación por su insularidad y situación geográfica, pero en los casos de Extremadura y Andalucía, más parece un castigo divino o una decisión tomada deliberadamente en el corazón del capitalismo más duro. Ahí donde diseñan qué países tienen que desarrollarse y qué otros tienen que ser pobres para  nutrir de mano de obra barata a los primeros. Ese capitalismo inhumano que lleva el sufrimiento a regiones enteras del planeta, y al que los "poderes políticos establecidos", le rinden pleitesía.

             En el caso de Andalucía, tanta culpa tienen los gobiernos centrales que hemos sufrido desde 1977, como los gobiernos andaluces, que se han dedicado más a confrontar o  defender a los centrales según el color político que tuvieran aquellos, olvidándose de hacer los cimientos y la estructura de un edificio (nuestra Comunidad) sólido, moderno, industrializado; con gente formada y con conciencia de que solo el trabajo bien hecho puede llevarnos a un futuro mejor. No se conoce mejor manera de progresar que sabiendo lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y que gente  capacitada y honrada se ponga al frente de esas tareas. Pero han sido amigos de, aprovechados, progres de pacotilla, "funcionarios" del partido gobernante los que han copado la mayor parte de los puestos de  responsabilidad en la Administración, relegando a gente cualificada a ejercer un papel secundario. 

               Mientras, los partidos de oposición, da igual del color que sean y cómo se llamen, dedicados a resolver (o a empeorar) sus problemas internos o lanzando eslóganes simples y maniqueos sin ton ni son, carentes de propuestas razonables y razonadas que hagan que la sociedad despierte, y como soberana que es de su futuro, obligue a que unos y otros se preocupen en serio de que nuestra Comunidad progrese, prospere, y alcance al menos, el nivel medio de desarrollo al que debemos aspirar.

             

Y ENCIMA SE SORPRENDEN

     La irrupción de Podemos ha puesto a cavilar a sesudos politólogos, vanidosos tertulianos y a profesionales de la política de diverso pelaje ideológico. Todos analizan el por qué del nuevo fenómeno que ha puesto patas arriba  nuestra sociedad y amenaza con cambiar "el orden constitucional" y la cansina rutina del voto cada cierto tiempo. Porque si los ciudadanos, en lugar de votar casi por obligación, empiezan a votar con ilusión, tendrán que disponer de un nuevo escenario para poder desarrollar sus inquietudes. Es decir, tendría que nacer un nuevo régimen para un nuevo modo de ejercer la ciudadanía y la política: Listas abiertas; eliminación de los aforamientos; separación de las administraciones públicas de cualquier creencia religiosa (no más representantes políticos presidiendo cofradías y actos religiosos); eliminación de instituciones inútiles (las diputaciones provinciales); limitación de mandatos para cargos públicos; eliminar la participación de los partidos políticos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional; instauración de distritos electorales más reducidos, para acercar los elegidos a los electores; blindaje constitucional de la educación y sanidad públicas; desarrollo del Estado autonómico en uno federal, donde todos los territorios tengan las mismas competencias, etc.  Aquí se enumeran algunas reformas que diversos sectores sociales reclaman, pero que los partidos políticos mayoritarios rechazan o  defienden con la boca pequeña  cuando están en la oposición. Reformas que acabarían con el statu quo del que emanan los privilegios de los que gozan esos partidos, sus dirigentes y muchos de sus "cuadros".

     En la última encuesta del CIS, Podemos aparece como tercera fuerza política en intención de voto, habiendo dejado atrás a IU y acercándose bastante al PSOE. Lo que quiere decir que el nuevo partido liderado por Pablo Iglesias tiene su caladero de votos en la izquierda. De ahí, que tanto IU como PSOE estén aterrorizados con la nueva formación política, que en  voz de su líder dice que ha venido para quedarse, para sustituir las viejas formas de hacer política de la por él llamada  " casta".

     Para los millones de ciudadanos que creen en los valores de la socialdemocracia y el socialismo, no deben satisfacer las declaraciones y las actuaciones de muchos dirigentes de los partidos que dicen defender esos valores. A un líder de un partido de izquierdas, hay que pedirle algo más que la crítica de manual a la derecha por los casos de corrupción que a ésta atañe, olvidando que en su propio partido también los hay. Tres ejemplos: Irregularidades en la contratación de obras del AVE Madrid-Barcelona en la etapa de Magadalena Álvarez como ministra de Fomento, Eres falsos y fraude en cursos de formación en la Junta de Andalucía. Suficiente arsenal como para pedir perdón a la sociedad por el mal uso o el uso fraudulento de recursos públicos a cargo de responsables políticos socialistas. Pero no, se tiende un tupido velo, se esconde la cabeza debajo del ala y a pedir cuando lleguen las próximas elecciones que los ciudadanos los respalden. Por la coherencia no, al menos. Antes de hablar o criticar las corruptelas del adversario, hay que limpiar las propias por un simple ejercicio de credibilidad ante la ciudadanía.¿O es de izquierdas pertenecer a consejos de administración de grandes empresas y pasearse en yate ante las narices de los que lo están pasando mal, como hace algún que otro exdirigente socialista? La gente que vota a la izquierda quiere que ésta sea coherente, y que no critique a quien gobierna por hacer lo que ellos antes hicieron cuando gobernaron: Censurar los recortes del gobierno del PP, cuando en el mandato del presidente Zapatero se recortaron las pensiones y los sueldos de los trabajadores públicos. La gente que vota a la izquierda le exige que sea distinta a la derecha, y que le gane de largo a ésta en coherencia, honradez y cercanía a los trabajadores y clases más desfavorecidas.

     Esto también incumbe a los partidos minoritarios de la izquierda que participan o han participado en gobiernos de coalición "recortadores" de políticas sociales (educación, sanidad, dependencia), y que como si no fuera con ellos miran para otro lado, con la excusa de que esas competencias son del otro partido, del mayoritario. Pues no, el que sean minoritarios en la coalición no los exonera de su alícuota parte de responsabilidad por esas políticas. O qué decir de los sindicatos llamados de clase, enchufados permanentemente a la teta de lo público, mal administrando en muchos casos las ingentes subvenciones que reciben de las administraciones. La gente que vota o apoya a la izquierda, quiere que esta tenga un comportamiento ejemplar en el ejercicio de las funciones que les son encomendadas. Sí, ejemplar. Si la gente que vota a la derecha es menos exigente con los partidos que les representan, es porque ésta existe para conservar y mantener el orden establecido, aunque este sea injusto e insolidario. Sin embargo la izquierda está para cambiar las desigualdades que genera el sistema capitalista, para innovar, para regenerar, para tratar de que la igualdad y la justicia formen parte de nuestra cotidianidad.

     La falta de coherencia antes esbozada en la izquierda, es lo que ha hecho posible la aparición de Podemos, de la que algunos dicen que cuando llegue al gobierno hará igual que los otros. No niego que eso pueda ocurrir, pero mientras tanto van a llenar sus alforjas de votos. Y si con el tiempo pasan a formar parte de la casta, habrá otra generación de ciudadanos que decidan sustituir Podemos por otro partido que tal vez se llame Debemos. Ese bullir, ese permanente hacer y deshacer para volver a hacer, es lo que siempre ha caracterizado a la izquierda. Ya saben: Cambiar, innovar, regenerar.

4-D

Hace 36 años los andaluces salimos a la calle pidiendo autonomía para nuestro pueblo. Bien es cierto que no sólo autonomía, pero fundamentalmente autonomía. Entendíamos entonces que esa herramienta en nuestras manos nos llevaría a cotas de mayor progreso y bienestar, alejándonos de la pobreza a la que el franquismo había llevado a nuestra tierra. El movimiento a favor de la autonomía no era sólo político, también social, cultural y económico. Podemos decir que la sociedad en su conjunto entendía ese instrumento jurídico que es la autonomía, como la plataforma más adecuada para dejar atrás siglos de atraso y miseria.

Dos años y pico después, el 28 de Febrero de 1980, se celebraría el referéndum que nos abrió legalmente la puerta de la Autonomía, y que no sin dificultades nos llevaría a gozar de Estatuto, Parlamento y Gobierno propios, consiguiendo carta de naturaleza jurídica lo que se había pedido en la calle el 4 D de 1977. A partir de ahí Andalucía ha avanzado, que duda cabe, pero no lo suficiente como para que nos podamos sentir satisfechos del todo. Seguimos teniendo una de las mayores tasas de paro, el nivel de nuestra renta per capita es claramente inferior al de otros territorios del Estado, el número de camas hospitalarias por habitante inferior a la media española, y un largo etc. de indicadores que nos demuestran que aún nos queda un largo camino por recorrer.

En mi opinión esto se debe a la falta de confianza en nosotros mismos, a la falta de convencimiento de que somos capaces los andaluces de conseguir mayores cotas de bienestar. Estamos todavía un poco acomplejados, como sintiéndonos inferiores a los ciudadanos de otros territorios del Estado. Bien por lo que dicen de nosotros, o por lo que nosotros no decimos sobre nuestras potencialidades. No puede haber un andaluz que se sienta inferior a otro ciudadano de cualquier otro lugar. Y aquí incluyo a los andaluces que nos gobiernan. Fundamentalmente me refiero a ellos. No puede haber un gobernante o dirigente andaluz del ámbito que sea, que se calle ante las injusticias para con nuestra tierra. Que las hay. Nuestros diputados y senadores en las Cortes tienen que hablar de los problemas y las necesidades de Andalucía. Los empresarios andaluces tienen que reivindicar más inversiones públicas o de las empresas para las que trabajan en nuestra tierra. Los profesores en nuestros colegios, institutos o universidades tienen que poner en  valor nuestra cultura y nuestro habla. Nuestros escritores, pintores, escultores, deportistas, actores....tienen que aprovechar su nivel de conocimiento público para hablar de Andalucía, y convertirse en referentes de los propios andaluces.

Tenemos que convencernos de que podemos. Para ello lógicamente tenemos que querer. Y tener algunas cosas claras. Pocas, pero muy claras:  Que lo que no hagamos los andaluces por nosotros nadie lo va a hacer, que sin preparación y formación no hay futuro, que sólo el esfuerzo y el trabajo nos traerá prosperidad... Y por supuesto,  denunciar a aquellos que nos infravaloren. Sean de fuera o de dentro. Da igual. Nadie puede secuestrarnos la ilusión por ser mejores, por avanzar, por intentar dejarle a las generaciones futuras una sociedad mejor. Aquella que soñamos tantos andaluces el 4 de Diciembre de 1977.

EL MODELO DE ESTADO

La Constitución española de 1978, en cuanto a la organización territorial del Estado, decide que éste se articule en comunidades autónomas, ante las reivindicaciones de descentralización realizadas por algunos territorios. Este hecho podemos considerarlo positivo, ya que acerca el centro de algunas decisiones a la ciudadanía. Pero al mismo tiempo tuvo que acabar con las provincias, ya que esta división territorial responde  a un modelo distinto del que se quería poner en marcha. Responde a un modelo centralista. Por lo que conviven en nuestra estructura territorial  dos modelos distintos y contradictorios: el descentralizado o autonomista y el centralista. Otro error a mi entender, fue dejar abierto el capítulo competencial, encontrándonos con diferentes materias transferidas según qué comunidad. El problema por tanto se agranda, ya que no sólo conviven dos modelos, el centralista y el autonomista, sino que en éste, no todas las comunidades tienen las mismas competencias, creándose una maraña administrativa poco funcional y excesivamente rígida.

En descarga de los que redactaron la CE de 1978, hay que reconocer de dónde veníamos  y cuáles eran en aquellos momentos las prioridades de la gente. Veníamos de una dictadura y lo fundamental era el reconocimiento a la ciudadanía de unos derechos que antes les habían sido negados. Habíamos conquistado la libertad usurpada al pueblo durante cuarenta largos años, y llegábamos a una democracia homologable con cualquiera otra de nuestro entorno. Era por tanto una buena Constitución, y que sin duda ha contribuido estos últimos treinta y cinco años, al clima de convivencia pacífica entre los españoles, salvo los execrables crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, afortunadamente ya desaparecidas o en vías de extinción.

Entiendo que ha llegado la hora de hacer cambios en la Carta Magna, adecuándola a la realidad de nuestro Estado hoy. No me valen los argumentos de los que dicen que en este momento sólo hay que ocuparse de la economía, ya que la reforma de la CE no iría en detrimento de la recuperación económica tan deseada, sino más bien al contrario ayudaría a la misma, ya que haría la Administración más ágil y menos costosa. Lo que sí ralentiza o paraliza la actividad económica, son las permanentes divergencias entre comunidades y Administración central sobre competencias, llevando al ciudadano y sobre todo al emprendedor a una situación constante de incertidumbre sobre cuáles son los trámites y ante quiénes tienen que dirigirse para poner en marcha cualquier actividad, ante la amalgama de leyes recurridas en ambas direcciones. De la Administración central a las comunidades autónomas y de éstas hacia aquélla. 

Creo llegado el momento de dar el paso en la construcción del Estado Federal. Donde se determinen el nombre de las comunidades o federaciones, ya que pienso que habría que suprimir alguna que otra de las que hoy están constituidas como comunidades autónomas uniprovinciales. Donde todas tengan las mismas competencias. También las del País Vasco y Navarra, que hoy gozan de unos privilegios inadmisibles (los llamados Cupo y derecho foral), y que hacen a esas comunidades vía ley ser insolidarias con el resto. Donde desaparezcan las provincias y las diputaciones y se establezcan por cada Comunidad o Federación una nueva subdivisión territorial (la Comarca). Y donde se disponga un modelo de financiación no negociable entre las partes, acabando con los lamentables tiras y aflojas entre la Administración central y algunas comunidades autónomas o entre éstas. Un modelo de financiación que contemple tres parámetros sobre los que se calcule lo que le corresponda a cada Comunidad o Federación: El territorio, la población y la renta. A mayor territorio y población más financiación. A mayor renta, menos. Con la idea de conseguir la mayor igualdad posible entre los ciudadanos de los distintos territorios.

Esta nueva división territorial acarrearía otras reformas: El Senado como Cámara federal, la circunscripción electoral, la jefatura del Estado, los tribunales superiores de justicia, etc., que no son motivo de esta reflexión, ya que he querido centrarme sólo en el modelo territorial del Estado.

       ¿NUEVA DEUDA HISTÓRICA?

          El Estatuto de Autonomía de Andalucía, recoge en su Disposición Adicional Tercera, que el Estado tiene que invertir en nuestra Comunidad un 17,8 % de su inversión total, correspondiendo esta cifra al peso poblacional de nuestra Comunidad en España. Sin embargo, esta obligación del Estado para con Andalucía no se está cumpliendo, bien porque no se ejecuta lo que se aprueba (lo que ocurrió con el gobierno Zapatero), o no se presupuesta con arreglo al porcentaje antes dicho. Por lo que se está generando una nueva deuda  con la Comunidad Andaluza,  que a día de hoy asciende a 2079 millones de euros.

                 Nada nuevo. Volvemos a sufrir una discriminación que nos aísla cada vez más de la convergencia  con la media española, ya que estamos hablando de infraestructuras que dejan de hacerse, y por consiguiente afectan de manera muy directa a nuestro principal problema, el empleo. Si esa nueva deuda histórica que se está generando dejara de ser tal, es decir, se ejecutara en 2013, el paro en Andalucía no sólo no seguiría creciendo sino que disminuiría, ya que junto a la inversión directa, se crearían unas sinergias que se transformarían en incremento de nuestro PIB, y por ende en creación de puestos de trabajo.

                 No es por tanto baladí la cuestión, sino de suma importancia para nuestra economía y desarrollo.

De ahí, que el gobierno de Andalucía (PSOE-IU), debe  reivindicar permanentemente este agravio para con nuestra tierra. Pero debe hacerlo de verdad, no con la boca chica, pareciendo como si les diera vergüenza tener que reconocer que no es sólo Rajoy el que no cumple con nuestro Estatuto, sino que tampoco lo hicieron los gobiernos de Zapatero.

                  Cuando los gobiernos no defienden convenientemente a sus administrados, como ocurre en el caso que nos ocupa, vienen otros y lo hacen por ellos. Tarea que viene realizando el Partido Andalucista,  al ser consciente de que es el único camino para que un día Andalucía deje de ser la campeona del paro en España.

             BUENOS DÍAS, TRISTEZA

             Cojo prestado el título de la novela de Francoise Sagan, para en pocas palabras, reflejar lo que mis ojos ven al pasear por las calles de nuestros pueblos y ciudades. Tristeza en el rostro de los comerciantes, de los parados, de los estudiantes sin esperanza en el futuro, de las madres que temen que sus hijos se vayan al extranjero en  busca del trabajo que aquí no tienen. Tristeza de los que no pueden pagar la hipoteca y ven cada vez más cerca la espada del desahucio sobre sus cabezas, de los que aún con un trabajo cada vez más precario, temen la noticia del ere, el erte o el cierre definitivo de "su empresa". Tristeza, desesperanza, miedo. Eso es lo que ven mis ojos cuando miro la cara, los ojos de las personas con las que me cruzo a diario por nuestras calles.

             Y como si de una maldición divina se tratara, los que saben de esto, o al menos dicen saber, nos anuncian que todavía no hemos tocado fondo, que lo que se avecina todavía será peor. Sí, el FMI (Fondo Monetario Internacional), predice para España una bajada del PIB (Producto Interior Bruto) del -1,3 % para 2013, lo que traducido a empleo significa entre 300.000 y 500.000 nuevos parados para el próximo año. Terrorífico. Sobre todo si miramos quiénes nos acompañarán en esta debacle: Grecia, Portugal, Chipre, Italia y Eslovenia. En el resto de países del mundo, sus PIBs crecerán (Alemania un 0,9 %, Canadá un 2%, EEUU un 2,1 %, Turquía un 3,5 %, Marruecos un 5,5 %...) . Es decir, en todos estos países se creará empleo y sus ciudadanos tendrán más progreso y bienestar.  Algunos hasta acogerán a los que se marchen de aquí.

               Mientras tanto, nuestros gobernantes, los de un lado y otro, discutiendo sobre la independencia de Cataluña, la reforma de la Constitución, la recentralización del Estado, y un largo etc. de temas que deben acometerse en profundidad pero con serenidad, y no precisamente ahora, donde la tarea primordial debe centrarse en buscar fórmulas para revertir esta situación sangrante de tantas y tantas familias que ven cómo a causa de su situación económica, se les están desmoronando sus proyectos, deshaciendo sus ilusiones, socavando las raíces de la convivencia más elemental. ¿Qué les importa a los casi seis millones de parados la independencia catalana o la reforma de la Constitución? ¿Y a los padres que tienen hijos parados? ¿Y a las parejas de los parados? ¿Y a los hijos de esos parados? Dedíquense a cambiar la situación económica, discutan sobre las fórmulas para crear empleo, estudien las alternativas a los recortes en asuntos básicos para el ciudadano. Todos, el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Y también los partidos que ejercen la oposición, ya que éstos no están para frotarse las manos cuando las cosas vayan mal, sino para aportar ideas para que las cosas vayan bien.

              Si nuestros representantes políticos no cambian el chip, las próximas encuestas no dirán sólo que son uno de los problemas más importantes para los ciudadanos, sino que se encontrarán con revueltas populares que no los dejarán entrar en las cámaras o parlamentos donde ejerzan su función, ya que el aguante de los desesperados tiene un límite, y estamos cerca, muy cerca de llegar a él. Se está agotando la paciencia de los que están perdiendo lo poco que tenían: su trabajo, su casa, su felicidad. Estamos volviendo a las imágenes en blanco y negro de los largos y fríos años del franquismo, a esas miradas tristes que veíamos en las películas de Saura, Berlanga o Buñuel. Estamos andando para atrás, y pieza a pieza, desmontándose lo que tanto esfuerzo y trabajo costó.

              

            ¿ESPAÑA SE ROMPE?

            La arremetida soberanista del presidente catalán Mas y de gran parte de esa comunidad, ha llenado de desasosiego a muchos ciudadanos, que temen la ruptura de España tal como hoy la concebimos. Temor que sin duda existe y tiene su fundamento no solo en la posición del gobierno y algunos partidos catalanes, sino también en el tremendismo de posiciones situadas en las antípodas de aquéllas. En palabras del profesor  Aurioles "En un extremo están los nostálgicos del centralismo, encabezados por FAES y el ministro Montoro, que nos vienen a decir que si queremos evitar la intervención a nuestro país, hay que comenzar a desmontar el sistema autonómico. En el otro extremo el nacionalismo egoísta y prepotente del norte, dispuesto a cargar el ambiente de agravios con el fin de conseguir el concierto fiscal para unos cuantos y avanzar en su modelo de bipolaridad política y económica" (Diario de Sevilla ).

               Ante esas  posiciones extremas, ha de imperar el sentido común y mirar lo que pasa en otros estados, adecuando el nuestro a la organización más útil para el ciudadano, sin olvidar la diversidad de nuestros territorios, la mayor equidad en la prestación de los servicios públicos básicos y  un desarrollo económico equilibrado. De las tres posibilidades existentes: estado centralizado (el anterior a la Constitución de 1978), estado autonómico asimétrico (el actual) y estado federal (todas las comunidades las mismas competencias); parece más razonable este último, acabando con los privilegios del que actualmente gozan Navarra y País Vasco y al que aspira Cataluña, que mediante los conciertos llamados históricos disponen de una hacienda propia que recauda y distribuye los recursos dentro de la misma comunidad. Ejemplos de las tres formas de estado tenemos suficientes para ilustrarnos: estados centralistas (Grecia y Portugal), autonómico asimétrico (actualmente España), federal (Alemania).  Merece la pena, pues, trabajar por la instauración de un estado federal en España, donde al tener todas las comunidades las mismas competencias se acabarían los agravios entre ellas, estableciéndose unos mecanismos que  igualaran el desarrollo de las distintas federaciones, teniendo en cuenta la renta, la población y el territorio para ello.

                En esa reforma constitucional necesaria para instaurar el Estado federal, tendrían que recogerse nominalmente las comunidades o federaciones que formaran parte de ese Estado, de las que deberían desaparecer   las uniprovinciales. Madrid, Navarra, Cantabria, La Rioja y Murcia, ¿tienen unos rasgos claramente diferenciadores como para ser consideradas  comunidades autónomas o federaciones en ese futuro estado federal? En mi opinión, no. Ninguna de ellas son comparables a Galicia, Cataluña o Andalucía, que sí tienen unos perfiles propios muy acentuados.

                 En definitiva, un Estado debe responder a las necesidades de sus habitantes, proporcionándoles la máxima calidad de vida, eliminando desigualdades, impidiendo privilegios y manteniendo la cohesión social necesaria para un desarrollo armónico. Como mejor se puede conseguir eso es con un estado federal, el resto depende de los gestores de las instituciones, que en democracia podemos validar o cambiar cada cierto tiempo, según el resultado de los mismos. 

                   Así, España como estado no solo no se rompería, sino que gozaría de buena salud durante muchos años.