miércoles, 4 de diciembre de 2013

4-D

Hace 36 años los andaluces salimos a la calle pidiendo autonomía para nuestro pueblo. Bien es cierto que no sólo autonomía, pero fundamentalmente autonomía. Entendíamos entonces que esa herramienta en nuestras manos nos llevaría a cotas de mayor progreso y bienestar, alejándonos de la pobreza a la que el franquismo había llevado a nuestra tierra. El movimiento a favor de la autonomía no era sólo político, también social, cultural y económico. Podemos decir que la sociedad en su conjunto entendía ese instrumento jurídico que es la autonomía, como la plataforma más adecuada para dejar atrás siglos de atraso y miseria.

Dos años y pico después, el 28 de Febrero de 1980, se celebraría el referéndum que nos abrió legalmente la puerta de la Autonomía, y que no sin dificultades nos llevaría a gozar de Estatuto, Parlamento y Gobierno propios, consiguiendo carta de naturaleza jurídica lo que se había pedido en la calle el 4 D de 1977. A partir de ahí Andalucía ha avanzado, que duda cabe, pero no lo suficiente como para que nos podamos sentir satisfechos del todo. Seguimos teniendo una de las mayores tasas de paro, el nivel de nuestra renta per capita es claramente inferior al de otros territorios del Estado, el número de camas hospitalarias por habitante inferior a la media española, y un largo etc. de indicadores que nos demuestran que aún nos queda un largo camino por recorrer.

En mi opinión esto se debe a la falta de confianza en nosotros mismos, a la falta de convencimiento de que somos capaces los andaluces de conseguir mayores cotas de bienestar. Estamos todavía un poco acomplejados, como sintiéndonos inferiores a los ciudadanos de otros territorios del Estado. Bien por lo que dicen de nosotros, o por lo que nosotros no decimos sobre nuestras potencialidades. No puede haber un andaluz que se sienta inferior a otro ciudadano de cualquier otro lugar. Y aquí incluyo a los andaluces que nos gobiernan. Fundamentalmente me refiero a ellos. No puede haber un gobernante o dirigente andaluz del ámbito que sea, que se calle ante las injusticias para con nuestra tierra. Que las hay. Nuestros diputados y senadores en las Cortes tienen que hablar de los problemas y las necesidades de Andalucía. Los empresarios andaluces tienen que reivindicar más inversiones públicas o de las empresas para las que trabajan en nuestra tierra. Los profesores en nuestros colegios, institutos o universidades tienen que poner en  valor nuestra cultura y nuestro habla. Nuestros escritores, pintores, escultores, deportistas, actores....tienen que aprovechar su nivel de conocimiento público para hablar de Andalucía, y convertirse en referentes de los propios andaluces.

Tenemos que convencernos de que podemos. Para ello lógicamente tenemos que querer. Y tener algunas cosas claras. Pocas, pero muy claras:  Que lo que no hagamos los andaluces por nosotros nadie lo va a hacer, que sin preparación y formación no hay futuro, que sólo el esfuerzo y el trabajo nos traerá prosperidad... Y por supuesto,  denunciar a aquellos que nos infravaloren. Sean de fuera o de dentro. Da igual. Nadie puede secuestrarnos la ilusión por ser mejores, por avanzar, por intentar dejarle a las generaciones futuras una sociedad mejor. Aquella que soñamos tantos andaluces el 4 de Diciembre de 1977.

miércoles, 30 de octubre de 2013

EL MODELO DE ESTADO

La Constitución española de 1978, en cuanto a la organización territorial del Estado, decide que éste se articule en comunidades autónomas, ante las reivindicaciones de descentralización realizadas por algunos territorios. Este hecho podemos considerarlo positivo, ya que acerca el centro de algunas decisiones a la ciudadanía. Pero al mismo tiempo tuvo que acabar con las provincias, ya que esta división territorial responde  a un modelo distinto del que se quería poner en marcha. Responde a un modelo centralista. Por lo que conviven en nuestra estructura territorial  dos modelos distintos y contradictorios: el descentralizado o autonomista y el centralista. Otro error a mi entender, fue dejar abierto el capítulo competencial, encontrándonos con diferentes materias transferidas según qué comunidad. El problema por tanto se agranda, ya que no sólo conviven dos modelos, el centralista y el autonomista, sino que en éste, no todas las comunidades tienen las mismas competencias, creándose una maraña administrativa poco funcional y excesivamente rígida.

En descarga de los que redactaron la CE de 1978, hay que reconocer de dónde veníamos  y cuáles eran en aquellos momentos las prioridades de la gente. Veníamos de una dictadura y lo fundamental era el reconocimiento a la ciudadanía de unos derechos que antes les habían sido negados. Habíamos conquistado la libertad usurpada al pueblo durante cuarenta largos años, y llegábamos a una democracia homologable con cualquiera otra de nuestro entorno. Era por tanto una buena Constitución, y que sin duda ha contribuido estos últimos treinta y cinco años, al clima de convivencia pacífica entre los españoles, salvo los execrables crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, afortunadamente ya desaparecidas o en vías de extinción.

Entiendo que ha llegado la hora de hacer cambios en la Carta Magna, adecuándola a la realidad de nuestro Estado hoy. No me valen los argumentos de los que dicen que en este momento sólo hay que ocuparse de la economía, ya que la reforma de la CE no iría en detrimento de la recuperación económica tan deseada, sino más bien al contrario ayudaría a la misma, ya que haría la Administración más ágil y menos costosa. Lo que sí ralentiza o paraliza la actividad económica, son las permanentes divergencias entre comunidades y Administración central sobre competencias, llevando al ciudadano y sobre todo al emprendedor a una situación constante de incertidumbre sobre cuáles son los trámites y ante quiénes tienen que dirigirse para poner en marcha cualquier actividad, ante la amalgama de leyes recurridas en ambas direcciones. De la Administración central a las comunidades autónomas y de éstas hacia aquélla. 

Creo llegado el momento de dar el paso en la construcción del Estado Federal. Donde se determinen el nombre de las comunidades o federaciones, ya que pienso que habría que suprimir alguna que otra de las que hoy están constituidas como comunidades autónomas uniprovinciales. Donde todas tengan las mismas competencias. También las del País Vasco y Navarra, que hoy gozan de unos privilegios inadmisibles (los llamados Cupo y derecho foral), y que hacen a esas comunidades vía ley ser insolidarias con el resto. Donde desaparezcan las provincias y las diputaciones y se establezcan por cada Comunidad o Federación una nueva subdivisión territorial (la Comarca). Y donde se disponga un modelo de financiación no negociable entre las partes, acabando con los lamentables tiras y aflojas entre la Administración central y algunas comunidades autónomas o entre éstas. Un modelo de financiación que contemple tres parámetros sobre los que se calcule lo que le corresponda a cada Comunidad o Federación: El territorio, la población y la renta. A mayor territorio y población más financiación. A mayor renta, menos. Con la idea de conseguir la mayor igualdad posible entre los ciudadanos de los distintos territorios.

Esta nueva división territorial acarrearía otras reformas: El Senado como Cámara federal, la circunscripción electoral, la jefatura del Estado, los tribunales superiores de justicia, etc., que no son motivo de esta reflexión, ya que he querido centrarme sólo en el modelo territorial del Estado.

lunes, 4 de febrero de 2013




       ¿NUEVA DEUDA HISTÓRICA?


          El Estatuto de Autonomía de Andalucía, recoge en su Disposición Adicional Tercera, que el Estado tiene que invertir en nuestra Comunidad un 17,8 % de su inversión total, correspondiendo esta cifra al peso poblacional de nuestra Comunidad en España. Sin embargo, esta obligación del Estado para con Andalucía no se está cumpliendo, bien porque no se ejecuta lo que se aprueba (lo que ocurrió con el gobierno Zapatero), o no se presupuesta con arreglo al porcentaje antes dicho. Por lo que se está generando una nueva deuda  con la Comunidad Andaluza,  que a día de hoy asciende a 2079 millones de euros.

                 Nada nuevo. Volvemos a sufrir una discriminación que nos aísla cada vez más de la convergencia  con la media española, ya que estamos hablando de infraestructuras que dejan de hacerse, y por consiguiente afectan de manera muy directa a nuestro principal problema, el empleo. Si esa nueva deuda histórica que se está generando dejara de ser tal, es decir, se ejecutara en 2013, el paro en Andalucía no sólo no seguiría creciendo sino que disminuiría, ya que junto a la inversión directa, se crearían unas sinergias que se transformarían en incremento de nuestro PIB, y por ende en creación de puestos de trabajo.

                 No es por tanto baladí la cuestión, sino de suma importancia para nuestra economía y desarrollo.
De ahí, que el gobierno de Andalucía (PSOE-IU), debe  reivindicar permanentemente este agravio para con nuestra tierra. Pero debe hacerlo de verdad, no con la boca chica, pareciendo como si les diera vergüenza tener que reconocer que no es sólo Rajoy el que no cumple con nuestro Estatuto, sino que tampoco lo hicieron los gobiernos de Zapatero.

                  Cuando los gobiernos no defienden convenientemente a sus administrados, como ocurre en el caso que nos ocupa, vienen otros y lo hacen por ellos. Tarea que viene realizando el Partido Andalucista,  al ser consciente de que es el único camino para que un día Andalucía deje de ser la campeona del paro en España.